Una de las áreas claves donde se buscan implementar medidas es la minería. Y lo cierto es que quien resulte presidente tendrá facultad absoluta para decidir la política a aplicar, así sea adversa para el país y favorable para las economías ilegales, por ejemplo.

Flexibilidad para la minería ilegal

Con un paso de cinco años por el Congreso, Roberto Sánchez, candidato de JP, busca el sillón presidencial. Un espacio para conocer sus prioridades es su legado legislativo y, en un contexto de raudo avance de la minería ilegal, genera atención un proyecto que busca facilitarle el acceso a dinamita y mercurio, entre otros.

En medio del arranque de la contienda electoral, a mediados de noviembre, Sánchez presentó el proyecto “Ley marco de minería con prácticas ancestrales” (13246). El documento cuenta con 91 artículos, pero dos identificados por Gestión llaman la atención por sus riesgos.

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Su artículo 26 aborda las “excepciones en la trazabilidad del mineral”. Esto, basándose en que el registro y la actualización de datos en tiempo real, así como las acciones de fiscalización y seguimiento efectuadas por las autoridades competentes, se realizan a través del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmma).

Se precisa que, para esta trazabilidad, “los microproductores mineros ancestrales (MMA) y las personas pallaqueras mineras (PePM), están exceptuados de la exigencia” de tres requisitos.

El primero es “la presentación de permisos para el uso de explosivos”. El segundo, “la autorización para la adquisición, transporte y comercialización de insumos químicos destinados al procesamiento del mineral”. Y el tercero es “la presentación de instrumentos de gestión ambiental”.

“La información sobre los servicios de procesamiento y transporte del mineral se requiere únicamente con el propósito de verificar la trazabilidad y transparencia del origen del mineral, acreditándose mediante la presentación del comprobante de pago emitido por el tercero que prestó dichos servicios”, complementa el documento.

El segundo artículo en cuestión es el 27, sobre la “información requerida para la comercialización de minerales”.

Roberto Sánchez es miembro de la Comisión de Energía y Minas. (Foto: Congreso)
Roberto Sánchez es miembro de la Comisión de Energía y Minas. (Foto: Congreso)

Bajo este escenario de flexibilidad para el acceso a explosivos y mercurio, se menciona que dichos grupos mineros “gozan de libertad para comercializar sus productos minerales, tanto en el mercado interno como externo”.

“Con el fin de garantizar la transparencia de las operaciones, se establece que el comprador autorizado, inscrito en el Registro Especial de Comercializadores de Minerales, debe realizar la liquidación de compra mediante la emisión del comprobante electrónico de pago a través del sistema de la Sunat”, precisan.

El apoyo de Sánchez a la minería ilegal

Los expertos consultados coincidieron en que estos ajustes representan un impulso a la minería ilegal, pues en la práctica usarán este canal para proveerse de explosivos e insumos químicos para el procesamiento.

“Es un fomento a la minería ilegal. Son excepciones inaceptables. Es como una carta libre para que los ilegales se doten de herramientas para el desarrollo de su actividad. Recordemos el caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), donde más de 50,000 fueron excluidos por no registrar actividad en, al menos, cuatro años. Los ilegales usan estos mecanismos para su avance”, anotó Luis Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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“Definitivamente, se abre un espacio para un fortalecimiento de la minería ilegal y actividades conexas. Sánchez debería explicar por qué en nombre de la minería ancestral busca suprimir controles, en un contexto de grave crisis de inseguridad y cuando la ciudadanía pide más restricciones”, agregó Diana Gonzales, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

A su turno, Gonzalo Quijandría, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), apuntó al artículo 27 y alertó que el “comprobante de liquidación de compra” no es un documento que acredite ninguna trazabilidad. “Podrán acreditar un pago a la Sunat, pero no dice nada del origen del mineral”, indicó.

La minería ilegal se convirtió en la principal economía "adversa" del Perú. | Foto: Emmanuel Colombié/Forbidden Stories
La minería ilegal se convirtió en la principal economía "adversa" del Perú. | Foto: Emmanuel Colombié/Forbidden Stories

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