Mientras el Estado peruano apenas logra fiscalizar el avance de la minería ilegal y otras economías ilícitas, el “nuevo” plan de gobierno del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y sus aliados opta por reducir las barreras regulatorias y dar carta libre para la minería informal, un sector en el que se camufla la minería ilegal, tal como lo advierten especialistas. Pero no solo ello. De cara al balotaje, ahora se plantea una suerte de ‘multiverso’ minero en el que las operaciones fuera del sistema bancario podrán acogerse a un “período de sinceramiento y gracia”; en el que operaciones millonarias encajarán en la categoría de minería “artesanal”; y en el que la lógica del Estado será —literalmente— confiar primero y fiscalizar después.

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En la mirada de Sánchez, existe la necesidad de “una nueva minería para el Perú”. Así lo ratificó durante un mitin realizado el martes en la Plaza Túpac Amaru de Wanchaq (Cusco), donde se mostró a favor de “una nueva minería donde el Estado no te persiga” y en la que, por el contrario, se brinden las “condiciones” para la formalización.

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